Esta columna es mucho mas objetiva que muchas de las que he publicado, o editado o comentado en este bLog. Lo cierto es que igual dice muchas verdades del Señor Furibe
El artículo es publicado en El Tiempo y escrito por Pedro Medellín.

Pedro Medellín Torres
POR PEDRO MEDELLÍN TORRES
EL EFECTO TRANQUILIZADOR
La política de la mentira (25 de Abril de 2006)

La comunicación franca no puede excluirse de la acción gubernamental

De nuevo la credibilidad presidencial ha sido impugnada. Como hace cuatro años o hace diez, el Presidente ha tenido que salir en defensa de su legitimidad y la de su mandato. Esta vez su gobierno está siendo acusado de infiltración paramilitar y corrupción en algunas entidades clave, y de fraude electoral en varios departamentos de la Costa Atlántica en las elecciones del 2002.

El problema está en que cada vez que el Presidente se defiende o defiende a alguien, sale una nueva prueba que debilita la defensa. Y mientras más pruebas resultan, más frágiles son los soportes que sostienen la legitimidad del Gobierno. Ahora resulta que quienes aparecen como involucrados en el fraude electoral son los mismos que iban como delegados de la campaña uribista a los sorteos de jurados ante la Registraduría del Estado Civil en el Magdalena.

Pareciera que el problema de fondo está en la intención que tiene Uribe para encubrir el problema, mostrando lo dispuesto que está a señalar y enfrentar al más poderoso grupo de "aristócratas" bogotanos (tan apetecibles para los electores como los generales y coroneles que son destituidos por sus errores en la guerra) o a invalidar el testimonio de personas que están en la cárcel.

Sin embargo, el verdadero problema está en que ese comportamiento se ha convertido en un recurso con el que el Gobierno ha venido institucionalizando el uso de artificios y engañifas que permiten, a los que ejercen el poder, darles a los errores una apariencia de franqueza en los propósitos, entereza en la tarea y rectitud en las conductas.

No es la primera vez que el Gobierno utiliza este recurso para evadir responsabilidades por malas decisiones, incompetencia de los responsables o falta de previsión. Como cuando, mostrando una actitud enérgica, Uribe le dio seis días de plazo al Ministro de Defensa para que le dijera al país la verdad de lo ocurrido en la masacre de Guaitarilla (plazo que nunca se cumplió); o cuando entregó al país la "buena noticia" de la desmovilización de 70 guerrilleros de las Farc, con la entrega de un avión incluida (que resultó llena de falsedades); o cuando, por medio del Comandante de las Fuerzas Armadas, negó estar informado sobre la entrega de dos policías secuestrados (el propio Gobierno había autorizado el viaje y desplazado personal de la Policía para la entrega); o cuando no tuvo problema para decir que había meritocracia en nombramientos que sólo tenían intención política.

Lo grave es que no se trata de asuntos frente a los cuales el Gobierno no pudiera proceder de otra manera. Uribe no se encuentra frente a lo que Bobbio llamaría "estado de necesidad", en el que el Gobierno actúa en nombre de la colectividad y no tiene ninguna alternativa para proceder, sino como procedió. Ni siquiera está ante la "razón de Estado" que invocara el historiador Meinecke, pues el Estado no está ante la amenaza de la desaparición.

Uribe está ante la urgencia más corta y limitada de no sacrificar su popularidad, en busca de su reelección. Es la tarea en la que su gobierno ha demostrado que todo vale y en la que –como escribía Ana Arendt–"la discreción, el engaño, la deliberada falsedad y la pura mentira, son utilizados como medios legítimos para el logro de los fines políticos". El objetivo es claro: mostrar armonía, así solo haya anarquía. Virtudes públicas donde haya vicios privados, como escribiría Schwartzenberg, el ex ministro francés del gobierno de Mitterrand.

Es la tarea en la que el engaño, a corto plazo, tiene un efecto "tranquilizador" en la audiencia que recibe el mensaje. Pero a mediano plazo, hace más visible la fragilidad humana y, por tanto, más atractiva su utilización. Una fragilidad tan grande que, para sobrevivir, la sociedad termina perdiendo –o queriendo perder– la línea divisoria entre lo que es verdad y lo que es mentira, para comenzar a actuar de acuerdo con lo que considere es lo verdadero. Allí no habrá ley ni legitimidad presidencial que valga. Un costo muy alto para una democracia tan débil.